CULTURA, IDENTIDAD Y ECONOMÍA: EL CARIBE MEXICANO PIDE REGLAS CLARAS PARA PROTEGER LO MAYA SIN AFECTAR A LAS PERSONAS
INFORMATIVO PENINSULAR
En el Caribe mexicano, donde la cultura maya no solo se observa en museos o ceremonias, sino que vive en la vida cotidiana, el sector empresarial lanzó un llamado que va más allá de lo jurídico: cuidar la identidad sin poner en riesgo el sustento de miles de familias.
El Consejo Coordinador Empresarial del Caribe (CCE del Caribe) manifestó su preocupación ante los recientes criterios derivados de resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el uso de símbolos de la cultura maya, al advertir que la falta de reglas claras podría generar incertidumbre para empresas, trabajadores y comunidades que dependen del turismo.
El organismo señaló que, en su estado actual, la interpretación de estos criterios abre la posibilidad de sanciones o incluso clausuras por el uso de elementos culturales, sin que exista claridad sobre quién puede autorizar su utilización ni bajo qué lineamientos.
En destinos como Cancún, Playa del Carmen y Tulum, la cultura maya no es un concepto abstracto: es parte del rostro que se muestra al mundo y también una fuente directa de empleo para cocineras, artesanos, guías, meseros y prestadores de servicios turísticos.
El CCE del Caribe advirtió que el impacto no se limita a un sector, sino que toca la vida cotidiana de miles de personas, y pidió que la protección del patrimonio cultural no se convierta en un factor de incertidumbre o exclusión económica.
El organismo reconoció la importancia de la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, al considerarla un avance necesario para evitar abusos históricos. Sin embargo, subrayó que proteger también implica ordenar, definir y dar certeza.
En ese sentido, hizo un llamado a construir reglas claras y a publicar el reglamento de la ley, con la participación de todos los sectores involucrados, para evitar interpretaciones discrecionales que afecten tanto a comunidades como a actividades productivas.
Más allá del debate legal, el mensaje del sector empresarial busca abrir una conversación más profunda: cómo proteger la herencia cultural sin romper el equilibrio social y económico que sostiene a la región.
