DESDE QUINTANA ROO, UNA EXIGENCIA DE DIGNIDAD Y EQUILIBRIO LLEGA A SAN LÁZARO
INFORMATIVO PENINSULAR
Detrás de cifras, leyes y tecnicismos, lo que se discutió en la Cámara de Diputados tiene un rostro claro: el de miles de familias que buscan vivir con lo indispensable y el de trabajadores que dependen del turismo para salir adelante. Desde Quintana Roo, dos causas distintas coincidieron en un mismo llamado: construir un país más justo sin asfixiar su economía.
En una sesión de trabajo de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, juristas quintanarroenses pusieron sobre la mesa una propuesta que toca el corazón de los derechos humanos: garantizar el “mínimo vital”. No se trata de asistencia, sino de asegurar que ninguna persona quede por debajo de lo necesario para vivir con dignidad —alimentarse, tener un techo, acceder a la salud—, un principio ya reconocido por la Suprema Corte, pero aún pendiente de consolidarse en la ley.
La iniciativa es impulsada por la Barra de Abogados de Quintana Roo, Colegio Profesional A.C. Su presidente, Maestro Mauro Carmona Díaz, junto con el Dr. Miguel Ángel Pech Cen y la Dra. Sonia Gutiérrez Ávalos, trabajan en una reforma que busca llevar este derecho del discurso jurídico a la vida cotidiana de las personas.
Mientras tanto, en otra mesa del mismo recinto, el sector náutico alzó la voz por quienes viven del mar y del turismo de naturaleza. La Asociación de Náuticos de Quintana Roo (ANQR A.C.) acudió para solicitar la reversión del incremento del 100% en los derechos de acceso a Áreas Naturales Protegidas, una medida que —aseguran— ya golpea la economía de prestadores de servicios, guías y comunidades enteras.
El planteamiento también fue compartido con el diputado Ricardo Monreal Ávila, en busca de abrir ruta a una revisión legislativa. Para el sector, el problema no es la conservación, sino cómo se implementa: cuando los costos se disparan, advierten, se encarece el turismo responsable, se reduce la competitividad y se pone en riesgo el sustento de miles de familias.
La solicitud será formalizada y publicada en la Gaceta Parlamentaria, dando paso a un proceso que podría redefinir el equilibrio entre protección ambiental y desarrollo económico.
Así, desde Quintana Roo, la discusión en San Lázaro no solo habla de reformas, sino de personas: de quienes necesitan un piso mínimo para vivir y de quienes piden reglas justas para seguir trabajando. Dos luchas que, en el fondo, persiguen lo mismo: dignidad.
