RODADA DESTAPA CONSUMO DE DROGAS EN MENORES: OPERATIVO EN CANCÚN EXHIBE UNA CRISIS SILENCIOSA

INFORMATIVO PENINSULAR

Lo que inició como un operativo contra motociclistas terminó revelando un problema de mayor gravedad: el consumo de alcohol y drogas entre adolescentes en Cancún. La intervención de la Dirección de Tránsito, que derivó en la detención de más de un centenar de personas —varios de ellos menores de edad—, encendió alertas entre autoridades y familias.

Durante la madrugada de este lunes, un cerco policial implementado sobre la avenida 135, en la zona de Huayacán, frenó una rodada nocturna y dejó como saldo más de 100 personas aseguradas, de las cuales 49 eran menores. De acuerdo con reportes oficiales, varios de los jóvenes presentaban signos de intoxicación, e incluso algunos dieron positivo al consumo de sustancias como marihuana y cristal.

Horas más tarde, la escena se trasladó al Centro de Retención Municipal, conocido como “El Torito”, donde decenas de padres de familia comenzaron a concentrarse desde temprano para gestionar la liberación de sus hijos. Con documentos en mano y en medio de largas filas, madres y padres aguardaban turno en un ambiente que varios describieron como inusual, similar a una jornada administrativa, pero marcado por la preocupación.

De manera extraoficial, se informó que, al tratarse de menores de edad, no se aplicarían multas económicas; sin embargo, era necesario acreditar identidad y parentesco para su liberación. En contraste, los adultos detenidos deberán cumplir con el proceso correspondiente ante el juez cívico, que incluye certificación médica, espera hasta la reducción de los efectos de sustancias y la determinación de sanciones.

El director de Juzgados Cívicos, Jorge Rivero Pech, explicó que los menores son sometidos a valoración médica y psicológica antes de ser entregados a sus familias. No obstante, el dato que más preocupa a las autoridades es que muchos padres desconocían que sus hijos consumían drogas, situación que quedó al descubierto tras las pruebas realizadas.

Por su parte, la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Patricia Peralta de la Peña, informó que el operativo dejó un saldo de 100 personas detenidas y 136 motocicletas remitidas al corralón.

«Se implementaron estos operativos donde logramos poner en resguardo y detener, por una falta administrativa, a 136 motociclistas; 133 motocicletas fueron puestas en resguardo en el corralón; hay 100 detenidos», detalló.

La alcaldesa explicó que estas acciones se sustentan en los artículos 56, fracción primera, y 57 del Reglamento de Justicia Cívica, así como en el Reglamento de Tránsito municipal, los cuales prohíben este tipo de rodadas cuando generan disturbios, alteraciones al orden público o contaminación auditiva.

Advirtió que los operativos continuarán de manera permanente, no solo para inhibir las rodadas, sino también para verificar que las motocicletas cuenten con la documentación correspondiente. Incluso, señaló que algunas de las unidades aseguradas durante este despliegue contaban con reporte de robo.

«Esto se va a hacer constantemente. Estaremos informando sobre los demás operativos que vamos a implementar, que también se estarán reactivando para la verificación de documentos, para que quien traiga la moto pueda acreditar la propiedad de la misma», añadió.

Asimismo, precisó que estos operativos estarán coordinados por la Secretaría General del Ayuntamiento y la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio.

Peralta de la Peña calificó como “muy lamentable” la participación de menores en este tipo de actividades y cuestionó la responsabilidad de los padres de familia.

«Muy lamentable que haya menores siendo parte de estas rodadas en nuestra ciudad. ¿Dónde están los papás?», expresó, al tiempo que señaló que en algunos casos las motocicletas habrían sido prestadas por los propios padres.

El operativo también reavivó el debate público. Mientras algunos ciudadanos respaldaron la actuación de las autoridades ante las constantes quejas por desorden vial, ruido y riesgo en las rodadas nocturnas, otros cuestionaron la forma en que se llevó a cabo la intervención, así como la falta de prevención desde el ámbito familiar.

En redes sociales, las posturas se polarizaron: hubo quienes exigieron sanciones más severas, como trabajo comunitario, y otros que señalaron una responsabilidad compartida entre autoridades y padres de familia.

Más allá del operativo, lo ocurrido evidenció una problemática de fondo: la normalización de conductas de riesgo entre jóvenes y la falta de supervisión en entornos familiares. El municipio ya advirtió que este tipo de acciones continuarán, en un intento por contener tanto el desorden urbano como los factores sociales que lo alimentan.