Candidatas recibirán 50% de dinero y spots; no lo dejan a la interpretación
El Tribunal Electoral ratificó la decisión del INE para garantizar la paridad “en todo” y que la mitad de las prerrogativas se destinen a las aspirantes mujeres
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la decisión del INE de que las candidatas tendrán que recibir 50% del dinero para campañas y 50% de spots de radio y televisión durante esa misma etapa, para lograr la “paridad en todo”.
Luego que Movimiento Ciudadano impugnó que el Instituto Nacional Electoral (INE) tuviera la facultad de reglamentar esta repartición de prerrogativas, entre hombres y mujeres, las y los magistrados aprobaron por unanimidad, confirmar la resolución.
No podemos seguir dudando de que, cuando la Constitución dice paridad en todo, se trata justamente de todo”, dijo el magistrado ponente Felipe de la Mata Pizaña.
Agregó que “debemos seguir potenciando la paridad y no acotar el concepto en una visión restringida, estimo que el principio de paridad debe permear también en las condiciones de participación a fin de que las mujeres compitan en igual de circunstancias…Negar este acceso perpetuaría las desigualdades históricas y limitaría el pleno ejercicio de los derechos político electorales de las mujeres”.
Por otra parte, las y los magistrados revocaron el acuerdo del INE sobre distribución de candidaturas con acciones afirmativas para grupos en situación de vulnerabilidad aunque sí confirmó la inclusión de candidaturas para personas en situación de pobreza.
El asunto se originó a partir de la emisión del acuerdo por parte del INE, por el cual se estableció el número de fórmulas que deberán postular los partidos políticos, tanto para las diputaciones como para las senadurías de las personas indígenas, así como de personas afromexicanas, de la diversidad sexual, mexicanas residentes en el extranjero, con discapacidad y en situación de pobreza. En contra de ello, se presentaron 104 demandas ante la Sala Superior.
El pleno revocó el acuerdo impugnado debido a que el modelo propuesto por el INE para este proceso, disminuía los espacios que les fueron otorgados en el proceso electoral 2020-2021.
Con esto, el acuerdo del INE vulneró los principios de progresividad y no regresión de los derechos humanos, por lo tanto se ordenó emitir un nuevo acuerdo retomando las medidas de 2021 y atendiendo a la densidad de la población indígena, defina los distritos en los que se reservarían para las personas pertenecientes a comunidades indígenas.
CINCO-CUATRO
El pasado 8 de noviembre, la Sala Superior del Tribunal Electoral rechazó la propuesta de Felipe de la Mata para que los partidos postularan cuatro hombres y cuatro mujeres en ocho gubernaturas y confirmó la decisión del INE de obligar a los partidos a postular cinco mujeres y cuatro hombres en las nueve gubernaturas que tendrán elecciones el próximo año.
Con esa resolución, los magistrados consideraron que los criterios con respecto al INE debían “evolucionar” y se confirma que debe vigilar que las entidades cumplan con la paridad en todo, por lo que se dio la razón al Instituto para obligar a los partidos al cinco-cuatro.
Así lo consideraron las magistradas Mónica Soto, Janine Otálora y el magistrado presidente Reyes Rodríguez.
Reyes Rodríguez Mondragón, presidente de la Sala Superior, explicó que, por ejemplo, Movimiento Ciudadano, quien impugnó el acuerdo, en los últimos años ha postulado a 10 mujeres y 11 hombres, por lo que le vendría bien el cinco-cuatro para beneficiar a las mujeres.
El magistrado presidente explicó que van cuatro años de sentencias en las que se ha avanzado en temas de paridad, pero se ha concluido “un ciclo completo de renovación de gubernaturas y jefatura de Gobierno, es decir, de las 32 entidades, como sucederá en el proceso electoral 2023-2024, los partidos políticos debieron postular mujeres en al menos la mitad de aquellas en las que hayan participado”.
En este contexto, se consideró que el INE si es competente para supervisar y verificar que los partidos políticos nacionales cumplan con el mandato constitucional de postulación paritaria, argumentos esgrimidos en el engrose presentado por la consejera Claudia Zavala en la sesión donde ocurrió “la chicanada” en la votación del asunto.
